La confesión de Susana Villarán sobre el financiamiento de su campaña contra la revocatoria

13.5.19 0 Comentarios A+ a-


“Estoy pidiendo perdón por no haberlo dicho antes. No tenía por qué avergonzarme porque volvería a hacer eso por el bienestar de la ciudad de Lima, lo volvería a hacer”. En sus declaraciones del último fin de semana, la ex alcaldesa Susana Villarán llamaba ‘eso’ al hecho de haber recibido US$10 millones de parte de Odebrecht OAS para la campaña del No a la revocatoria y su reelección en el 2014, y luego haber mentido al respecto.

Villarán reconoció que ella y su gerente municipal, José Miguel Castro, siempre supieron de los aportes, pero el momento escogido por ella para hacer estas revelaciones no es fortuito. Dos días antes de sus declaraciones, el fiscal Carlos Puma, del equipo especial del Caso Lava Jato, pidió al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para la ex burgomaestre, decisión que el juez Jorge Chávez Tamariz evaluaría en una audiencia hoy. Además, según fuentes de este Diario, apenas horas antes de la confesión de Villarán, una persona involucrada en la investigación del caso se habría acogido al esquema de colaboración eficaz, debilitando aún más su posición.
A pesar de negar que haya favorecido desde el sillón municipal a las compañías constructoras que financiaron ambas campañas (“no hemos recibido coimas […] jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas”), la situación de la señora Villarán es sumamente complicada. A diferencia de otros políticos involucrados en Lava Jato –preocupados por explicar aportes de campaña que no tendrían una contraprestación evidente a favor de la empresa financista–, en el caso de la ex lideresa de Fuerza Social las obras y peajes otorgados a los brasileños podrían cerrar un claro círculo de corrupción a ojos de la fiscalía y del Poder Judicial.
En este escenario, poco importaría, en realidad, que el pago ilícito realizado al equipo de Susana Villarán haya sido utilizado en una campaña en contra de la revocatoria que enfrentaban, o en llenarse ellos mismos los bolsillos. En cualquiera de los dos casos, se trataría de asegurar primero sus intereses personales y políticos, y a cambio sacrificar el interés público. Con esta luz, su anterior insistencia en que “miles de ciudadanos y colectivos” fueron los que financiaron su campaña, y no grandes donantes, queda como triste recuerdo de la incapacidad del Estado para auditar las campañas y, sobre todo, como marca de la facilidad con la que políticos de toda tendencia pueden faltar a la verdad.
Por eso llama poderosamente la atención que la ex alcaldesa haya intentado revestir sus comprometedoras y extemporáneas declaraciones con un halo de moralina y autosuficiencia que se enmarcarían, según ella, en un genuino interés por el bienestar de la ciudad. Así, escribió en sus redes que “enfrentar el Sí en la revocatoria significaba impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad de Lima, entrando por la puerta falsa”, e insistió en que todo se hizo para “darle gobernabilidad a Lima”, como si la manera de combatir a una supuesta mafia fuera adoptando sus mismas prácticas.
Algunos allegados han querido leer en esta confesión un acto de valentía u honestidad política. Sin embargo, las circunstancias en que se realizó –con el pedido de prisión preventiva encima y de manera casi contemporánea con serias delaciones de otros implicados– la acercan más a un trance desesperado para evitar consecuencias penales inmediatas que a un súbito rapto de conciencia. La señora Villarán negó durante casi seis años saber sobre el financiamiento de su campaña; al respecto, difícil concederle hoy algo más que un afilado espíritu oportunista.
Fuente: El Comercio